El próximo 16 y 18 de septiembre Colombia vivirá un momento histórico y complejo, un hecho trascendental: la
dará a conocer las primeras sanciones para comparecientes de las FARC y algunos miembros de
responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado. Este evento no solo representa un avance jurídico, sino también un reto social y ético para una nación que aún lleva profundas heridas causadas por décadas de violencia. Las voces más radicales ya se hacen sentir, exigiendo castigos ejemplarizantes que, en su extremo, bordean la cadena perpetua. Esta presión refleja el dolor profundo y la polarización que persiste en la sociedad colombiana. Es comprensible: el sufrimiento causado por la guerra no se puede ignorar ni borrar de un plumazo. Hay cicatrices demasiado profundas. Sanar tardará mucho, será generacional. Ante este panorama, la propuesta de una sanción restaurativa puede parecer insuficiente o incluso ofensiva para quienes han sufrido directamente la violencia. Sin embargo, la justicia restaurativa busca algo más que el castigo; pretende la reparación, la verdad y la reconciliación. No es fácil aceptar que quienes hicieron daño puedan integrarse de nuevo en la sociedad bajo condiciones que no equivalen al encarcelamiento estricto. Reto enorme tiene la magistratura que deberá moverse entre tales presiones y la necesidad de diseñar una sanción que realmente restaure, brinde segundas oportunidades, reconcilie, sea verificable; pero primordialmente, que pueda cumplirse sin hacer más daño. La gran pregunta que se cierne en este momento es cuánto estará dispuesta la sociedad a recibir – de brazos abiertos – a quienes hicieron tanto daño. La respuesta no es sencilla. La experiencia internacional enseña que los procesos de justicia transicional requieren paciencia y voluntad política, pero, sobre todo, requieren que las víctimas se sientan escuchadas y reparadas. “NUESTRO COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS ES INDECLINABLE” Mayor (R) César Maldonado Vidales.
Fundación Comité de Reconciliación ONG.
Organizaciones, plataformas sociales y territoriales.
Nacional.
Incidencia, Diálogo público, Comunicaciones.
31 - Impulso a las investigaciones contra aforados constitucionales por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, 33 - Fortalecer las estrategias de investigación criminal de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, 34 - Investigación contra terceros civiles y agentes del Estado.