A todos los actores armados, cumplir con su obligación estricta de respetar los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, y a adoptar medidas de prevención para proteger a la población y a los bienes civiles de las hostilidades. Con ese fin, adicionalmente, se recomienda:
● Al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales reconocer las iniciativas de acuerdos humanitarios lideradas por las organizaciones de la sociedad civil.
● Al Gobierno y a las autoridades territoriales, promover la realización de acuerdos humanitarios en los territorios más afectados por el conflicto armado con la participación de las comunidades.
● A los actores armados respetar y garantizar la labor que desempeñan los organismos humanitarios nacionales e internacionales y a la misión médica en el territorio. ● Al Gobierno Nacional, con el apoyo de las organizaciones civiles de desminado, avanzar en el desminado humanitario en cumplimiento de los compromisos internacionales, priorizando las zonas más afectadas por la presencia de minas antipersona y municiones sin explotar. Exigimos a los grupos armados ilegales cesar las afectaciones a la población civil, las comunidades y los territorios y los invitamos a adoptar medidas y gestos unilaterales que contribuyan al desescalamiento de la confrontación armada