Tres verdades en vilo
A tres años del informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano, el país todavía enfrenta varios focos de violencia
Francisco de Roux en Caldono, Colombia, el 25 de junio de 2022.ERNESTO GUZMÁN JR. (EFE)
HERNANDO LLANO ÁNGEL
20 JUL 2025 – 04:30 COT
Al cumplirse tres años del Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) es pertinente reflexionar sobre el sentido y alcance de la búsqueda de la verdad. Cada día parece más claro que jamás podremos conocer y compartir una verdad concluyente sobre los más de 60 años de violencia política, sin comprometernos en una búsqueda colectiva y pública que incluya tanto a las víctimas como a los victimarios.
En tal caso, ya no se trata de encontrar una verdad, sino múltiples verdades, lo suficientemente comprensivas y a la vez comprehensivas, que posibiliten la convivencia social y eviten la perpetua repetición y reproducción de victimarios impunes y de víctimas irredentas. Serán verdades dolorosas y complejas, pues no se podrá prescindir de los rostros, voces, versiones, lamentos, frustraciones y reclamos de justicia de millones de víctimas. En ese sentido, no será una verdad, sino una multitudinaria y múltiple verdad con muchas caras e identidades, que tampoco podrá excluir motivos, intereses y valores de los victimarios, por discutibles y hasta infundados que nos parezcan.
Si no afrontamos como colombianos ese desafío descomunal, escabroso y abismal, lo más probable es que las víctimas de ayer se conviertan en vengadores implacables y mañana reclamen con odio una revancha histórica en nombre de la verdad y la justicia. Tal es el mayor desafío de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo máximo aporte, como lo viene haciendo, será revelarnos todas las verdades, empezando por las de las víctimas con la autenticidad irrefutable de sus sufrimientos. Pero también revelándonos las verdades de los victimarios, sus explicaciones y hasta justificaciones, para acceder a una verdad completa de lo sucedido, más allá de imposibles amnistías, perdones y olvidos.
Los límites de la JEP
Lo que probablemente esté fuera del alcance de la JEP será poder impartir una justicia plena y castigar los numerosos crímenes de lesa humanidad y a sus presuntos responsables, pues las Sanciones Propias y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) que impondrá no colmarán las expectativas de justicia de los familiares y sobrevivientes de las víctimas.
En esos contextos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos e infracciones continúas del Derecho Internacional Humanitario “es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”, como bien lo anotó Hannah Arendt en el contexto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Crímenes que, guardadas las distancias cuantitativas e ideológicas, son similares a los cometidos por todos los actores armados ilegales y hasta institucionales en desarrollo de nuestro interminable y degradado conflicto armado interno.
Un conflicto que dejó hace años de ser doméstico, pues sus dimensiones son cada vez más internacionales y lo han convertido en un conflicto “armado interméstico”, que no podremos resolver solos los colombianos por su mayor imbricación con economías ilícitas y organizaciones criminales internacionales.
Ayer víctimas, hoy victimarios
Lo anterior acontece porque en el siempre disputado, nunca armonioso y menos bucólico campo de la política, sea nacional o internacional, las víctimas de ayer suelen convertirse en los victimarios del presente. En la política internacional basta mirar las atrocidades de Netanyahu y el ejército israelí contra la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, comparables en ignominia y crueldad con las cometidas por los nazis en desarrollo de la llamada “Solución Final”.
Esas atrocidades hoy perpetradas todos los días contra los gazatíes ofenden, desconocen, niegan y hasta degradan la memoria de los millones de judíos asesinados, que unánimemente las rechazarían, con mayor razón si en forma cínica, como lo hace Netanyahu, apela a la Shoah y enarbola la bandera del Estado israelí en nombre de un sionismo anacrónico y criminal. Ya lo advertía con aterradora lucidez Arendt en mayo de 1946 en su artículo titulado “El Estado judío: cincuenta años después”: “No sé -ni quiero saber- qué sería de los judíos de todo el mundo y de la historia judía en el futuro si topamos con una catástrofe en Palestina”.
Esa catástrofe humanitaria está sucediendo y probablemente los más de seis millones de judíos exterminados en campos de concentración y ejecuciones sumarias hoy se levantarían y dirían: “No en mi nombre”, pues verían de nuevo como la franja de Gaza ha sido convertida en un Auswichtz a cielo abierto a la vista de todo el mundo. Un Auswichtz con la complicidad de Trump, que pretende convertirla en la “Riviera del Oriente Medio” con la indolencia criminal de la mayoría de jefes de Estado que hoy rigen los destinos de Europa y cuyos antecesores miraban hacia todos los lados y vieron demasiado tarde los campos de exterminio.
Hoy, casi todos los actuales jefes de estado de la Unión Europea, excepto Pedro Sánchez, hacen todavía algo más vergonzoso y criminal: cierran los ojos, se tapan los oídos, traicionan su conciencia y respaldan a Netanyahu en aras de una realpolitik cuyo nombre es genocidio pues somete a los gazatíes a un cerco de hambre y más de 875 han sido asesinados cuando esperaban reclamar paupérrimas raciones para sobrevivir, según reporte de Naciones Unidas. Semejante horror acontece frente a nosotros.
Todos los días lo vemos y escuchamos en las pantallas del televisor, lo leemos en diarios que nos informan, con una letanía legitimadora del genocidio, que se trata de una respuesta justa y necesaria del Estado Israelí contra el terrorismo de Hamas. Pero lo que vemos son las ruinas de Gaza y más de 55.000 gazatíes asesinados por el “democrático” Estado israelí al mando de Netanyahu, un cacócrata que prolonga el genocidio para eludir la justicia y no ser condenado por los cargos de “de soborno, fraude y abuso de confianza por parte de él y de aliados políticos cercanos dentro de su círculo íntimo durante su cuarto y quinto mandatos como primer ministro de Israel”.
Nuestra histórica responsabilidad
Así como ayer millones de colombianos también veíamos en los telediarios las masacres de campesinos, indígenas y negros a manos de grupos paramilitares, con cerca de 205.028 víctimas mortales, en nombre de la seguridad, la libertad y la democracia; para luego de un corte de comerciales escuchar y ver noticias sobre otras masacres de retaliación cometidas por las guerrillas, con 122.813 víctimas mortales y sus miles de secuestros, 20.223 y millonarias extorsiones, pero ahora en nombre del “pueblo y la justicia social”; hasta llegar a los macabros hallazgos de más de 6.000 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en desarrollo de la directiva 29 de 2005, supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática para vencer el terrorismo y matar “la culebra de las Far”.
Ninguna violencia contra civiles inermes es legítima
Por eso, la primera verdad que nos reveló con pruebas irrefutables el informe final de la CEV es que mientras los protagonistas de la violencia política, sean llamados terroristas, insurgentes, guerrilleros o, sus enemigos, paramilitares, autodefensas o hasta oficiales y soldados considerados héroes de la patria, encuentren eco y hasta legitimación y justificación de sus crímenes por parte de numerosos ciudadanos, nuestro conflicto continuará ensañándose mortalmente contra más civiles inermes, sus líderes y comunidades.
Esa dolorosa y sangrienta verdad todavía está en vilo y se encuentra muy lejos de ser reconocida por quienes han convertido la violencia en su señal de identidad y hasta de orgullo, bien porque son mercenarios de la muerte y/o mercaderes de lo ilegal. Pero también por aquellos que todavía levantan la guerra como bandera y divisa, pues están seguro que así ganarán las próximas elecciones en nombre de la seguridad y la “democracia”. Todos, más allá de la derecha, el centro o la izquierda, son instigadores del miedo y el odio y llaman a exterminar a sus enemigos con la mejor buena conciencia.
Muchos se autodenominan “ciudadanos de bien”, emulan e imitan a figuras internacionales que solo saben amenazar, encarcelar, deportar, torturar, desaparecer y eliminar a los supuestos enemigos de la patria. Esos líderes mesiánicos, en realidad mefistofélicos, están plenamente seguros de su superioridad moral y se consideran predestinados a defender el pueblo, la libertad, la seguridad y la propiedad en nombre de la “democracia”.
Esa verdad, la de la ilegitimidad de toda violencia contra civiles inermes está en vilo y es imperioso defenderla y salvarla de tantos precandidatos y sus seguidores que hoy la desprecian, porque ellos suelen convertir las urnas en un depósito de sufragios en lugar de votos y sepultan la “democracia” en profundas fosas comunes. Las otras dos verdades que están en vilo y se encuentran a punto de desaparecer son el aprendizaje de la convivencia democrática (artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) junto a la deliberación y participación ciudadana decisorias en los asuntos públicos (artículos 3, 40 y 103), hoy puesta en duda por muchos de quienes ayer promovieron la séptima papeleta e irónicamente ahora apelan a la Constitución para callar y negar la expresión ciudadana.
Sin esas verdades vitales y exigentes jamás podremos forjar el artículo primero de la Carta, el Estado Social de derecho en todo el territorio nacional, con su correlato de iguales oportunidades para una vida digna de todos los colombianos mediante el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo digno, la educación, un techo y la seguridad social. Sin esos derechos no existe una democracia de verdad, que en la realidad promueve, protege y exalta la vida de sus habitantes, sin discriminación alguna, y contabiliza sus cabezas y votos en las urnas en lugar de cortarlas a sus líderes sociales y opositores políticos, como nos sigue sucediendo desde hace más de 60 años.
Durante estos tres años esas tres verdades han estado y continúan en vilo. Depende de nuestra responsabilidad ciudadana que no desaparezcan, como sucedió con 121.768 colombianos entre 1985 y 2016, según las cuentas de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado. ¿Podremos entre todos, en lugar de seguir insultándonos por redes sociales, buscar y rescatar viva y libre nuestra desaparecida democracia?
El País.
Medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.
Nacional.
Pedagogía, Diálogo público.
1 - Garantizar el cumplimiento pleno e integral del Acuerdo Final de Paz, 65 - Diálogo nacional para fortalecer el papel de los medios de comunicación y el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz, 10 - Plan de choque para garantizar el cumplimiento de las órdenes sobre reparación integral de las víctimas, 37 - Preservar la memoria histórica de la violencia ejercida contra el sistema de justicia, víctimas y testigos, 8 - Liderar los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas, 12 - Política de memoria y verdad, 5 - Cumplir y respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 6 - Priorizar el diálogo como herramienta para poner fin a la confrontación armada, 13 - Política pública de archivos de derechos humanos y Protocolo de Gestión Documental de los Archivos, 14 - Promover los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 17 - Promover espacios de diálogo deliberativo, 67 - Conocer el legado de la Comisión de la Verdad, difundirlo y darle continuidad, 66 - Desinstalar las narrativas de odio, 62 - Estrategia para la formación de sujetos capaces de vivir en paz.